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El Protocolo de Kyoto y la edificación sostenible.
08/03/2007
El protocolo de Kyoto se firmó en 1997 con la firme intención de prevenir el cambio climático provocado por el efecto invernadero derivado de la emisión de determinados gases contaminantes (principalmente de procesos de combustión de origen antropogénico), los denominados Gases de Efecto Invernadero o GEI (CO2, CH4, N20, y tres gases fluorados, el HFCs, PFCs y SF6), estableciendo un objetivo global de reducción del -5,2% sobre las emisiones de 1990. La UE se marcó un objetivo de reducción de un 85, y España, dentro de la "burbuja europea", de un aumento del 15% (objetivos referentes al primer periodo de compromiso, del 2008-2012).
En este contexto, la UE puso en marcha desde enero de 2005 un mercado paneuropeo de comercio de derechos de emisión de CO2 en el que participan unas 12.000 instalaciones de una serie de sectores afectados, energético y diversas industrias básicamente, y que se convertirá en global en cuanto entre en vigor el protocolo en enero de 2008. Ahora bien, este mecanismo, que generó un volumen de negocio en 2005 de aproximadamente 9.000 millones de euros, no cubre a los denominados "sectores difusos", entre los que se encuentra el residencial (en este artículo este término incluyo todo tipo de edificaciones: residenciales, comerciales e institucionales). Un sector que tiene un peso muy relevante en el consumo de energía final (cerca del 30%) y que representa más de una tercera parte de las emisiones de CO2 en España.

En el último borrador de Plan Nacional de Asignación de Derechos de emisión (PNA) para 2008-2012 se identifica una tendencia al crecimiento más acentuada en dichos sectores, en particular el transporte y residencial (crecimientos de +75% y + 65% respectivamente, mientras que para los sectores industriales y energético de +37%). En el sector residencial, el crecimiento del número de hogares, junto con el fuerte aumento de dotación de las viviendas y sus niveles de confort explicarían estas proyecciones nada halagüeñas para el perfil de emisiones de GEI de nuestro país y el cumplimiento del objetivo del Protocolo.

Aquí es donde entra en juego la denominada edificación sostenible, que introduce un nuevo paradigma en la edificación, ya que se centra en aspectos tales como la salud, la minimización y reciclabilidad de los residuos, la eficiencia en el uso de materias primas, y, sobre todo, la eficiencia energética, y que puede y debe jugar un papel importante en contribuir en la reducción de emisiones de GEI.

Hay diferentes iniciativas nivel mundial enfocadas en este aspecto tan relevante del cambio climático que pretender ofrecer soluciones desde diferentes enfoques y perspectivas: así por ejemplo, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development) lanzó en marzo pasado el proyecto "Energy Efficiency in Buildings (EEB), enfocado a identificar los mecanismos de mercado y del negocio de la construcción que deberían mejorarse para incentivar el cambio hacia una construcción sostenible desde el punto de vista energético. También tienen proyectos en marcha la Agencia Internacional de la Energía; la UE, o el PNUMA a través de su iniciativa"Sustainable Building & Construcción". En España cabe destacar dos iniciativas: el Green Building Challenge y el Green Building Council. La primera se centra en desarrollar una nueva metodología para evaluar el comportamiento ambiental de los edificios, incorporando técnicas de análisis de ciclo de vida; la segunda gira en torno al sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de valoración y clasificación de edificios y que ofrece una certificación según el grado de sostenibilidad.

Pero a pesar de estas iniciativas voluntarias, hasta la fecha la gran mayoría de las actuaciones se han ceñido al estricto cumplimiento de la normativa, lo que ha conducido a que las diferentes administraciones competentes hayan promovido un mayor desarrollo del marco jurídico. Así cabe destacar el Decreto catalán de Ecoeficiencia, el nuevo CTE, y diferentes ordenanzas municipales (pe. ordenanzas solares que regulan la instalación de placas solares térmicas para la generación de agua caliente sanitaria):

-Por un lado, el nuevo CTE introduce novedades importantes en cuanto a la edificación sostenible centradas en los aspectos energéticos: (I) Limitación de la demanda energética; (II) Rendimiento de las instalaciones térmicas; (III) Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; (IV) Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria; y (V) Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. En este sentido, y según el IDEA la implantación de estas medidas va a suponer para cada edificio un ahorro energético asociado de un 30-40% y una reducción de emisiones de CO por consumo de energía de un 40-55%. O visto desde otra perspectiva, mediante la implantación de este tipo de medidas en Europa se podrían reducir en un 12% las emisiones actuales de CO2 en la UE (o las emisiones de un país como España).

-Por otro lado, el "Ecodecreto" regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios y cubre un espectro más amplio de vectores de sostenibilidad que el CTE (aparte de la energía). Además, prevé un régimen sancionador para castigar el incumplimiento. Este decreto puede llegar a suponer un ahorro de emisiones de un 5% en 2011.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, ¿es un sueño que los edificios tengan un consumo neto"cero" de energía? Ya existen ejemplos en esta línea, como el flamante nuevo edificio de Acciona solar en Sarriguren (Navarra), concebido como un edificio "cero emisiones", es decir, capaz de autoabastecerse para cubrir todas sus necesidades de energía a partir de la utilización de fuentes limpias y renovables, de forma que su balance energético -relación entre la demanda y la producción propia del edificio- sea igual a cero.

Pero las viviendas sostenibles todavía no tienen excesiva demanda sobre todo porque suponen un sobrecoste que ronda entre el 5 y el 10%. En este sentido, aparte de que sean estéticamente agradables, se debe dar especial relevancia -como argumento de venta- al ahorro que supone este tipo de vivienda: el aumento de la inversión inicial normalmente se debería ver recompensado con creces a medio plazo con la reducción de costes de uso y mantenimiento de los edificios y un mayor confort para los usuarios.

En definitiva, está claro que, dadas las implicaciones del Protocolo de Kyoto para España, es absolutamente necesario que se de un mayor impulso, tanto desde el sector público como el privado, a la edificación sostenible para que podamos cumplir con este
compromiso internacional.

Diego Fernández de Velasco
Sert
Garrigues Medio Ambiente


Fuente: Correo de la Construcción Nº 1118
http://www.edicionesroda.es
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